Estado, Medios de Comunicación y Monopolio

ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MONOPOLIO

Planteamiento inicial

Las políticas neoliberales iniciadas en México desde 1982 en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se han materializado en una política privatizadora en los sectores estratégicos (petróleo, electricidad, minería y telecomunicaciones). Estas políticas se han profundizado en los dos últimos gobiernos (Vicente Fox y Felipe Calderón), los cuales han tenido como aliados a los empresarios, nacionales y extranjeros, a quienes paulatinamente se les ha ido construyendo un régimen jurídico apropiado para la expansión de su actividad monopólica.

Históricamente, las políticas de regulación jurídica en México para las telecomunicaciones permitieron que se fueran formando corporativos en la radio y en la televisión, que finalmente se convirtieron en grandes monopolios mediáticos.

Una de las medidas que se adoptaron para solucionar este conflicto fue la reforma a las leyes de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), las cuales son conocidas como Ley Televisa. Sin embargo, esta ley fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, porque en los hechos fortalecía la posición casi monopólica de la empresa Televisa

Las reformas de las leyes de telecomunicaciones suscitaron una serie de controversias constitucionales, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que declaraba inconstitucionales los aspectos de interés principal para Televisa.

Es necesaria una reforma integral a la ley de telecomunicaciones, no sólo medidas administrativas, que atienda el interés público y no el de los monopolios. Ello sería atender el criterio establecido por la (SCJN) en su sentencia contra la Ley Televisa: “el criterio económico no debe ser preponderante para determinar el otorgamiento de una concesión”, el otro criterio debe ser el social.

La apertura a nuevos actores permitiría la competencia entre empresas que hoy acaparan los canales, las audiencias y el mercado publicitario televisivo, pero el fruto de esta competencia debe estar orientado en beneficio de la sociedad. La sociedad mexicana requiere que se democratice la generación masiva de contenidos a fin de materializar los derechos a la información y a la comunicación para que haya nuevas opciones de opinión pública, no controladas por un solo medio.

La ley federal de telecomunicaciones y la ley federal de la radio y television, ley televisa 

Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), las cuales son conocidas como Ley Televisa. Ha sido llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa, aun cuando se debería incluir la participación del otro monopolio de los medios de comunicación, Televisión Azteca. 

La controvertida ley fue aprobada en el 2005 en la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos y el 30 de marzo del 2006 en la de Senadores con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros. La ley fue confirmada por el Senado, “sin cambiarle una coma”, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales del 2006. La aprobación incondicional bajo presiones electoreras de la ‘Ley Televisa’ por la mayoría de miembros en la Cámara Alta y la Cámara Baja en el Congreso de la Unión que estuvieron sometidos a fuertes presiones por parte de los monopolios televisivos, significó la rendición y el sometimiento del Estado mexicano para defender los intereses nacionales ante el avasallante poder privado comercial de las televisoras monopólicas organizadas.

Con esta impugnación jurídica histórica por legisladores disidentes se inició en el 2006 un análisis riguroso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le devolvería a la sociedad, un año después, su proyecto de comunicación expropiado, la restauración de la división de poderes públicos republicanos, la rectoría del Estado en materia de comunicación, el rescate de las bases del Estado Nación a partir de los principios vertebrales de la Constitución de 1917 y la creación de cimientos sólidos para la transición a la democracia comunicativa en el país que estaba paralizada.

Constitucionalidad de las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión

Por constitucionalidad, de manera general, se entiende la característica de todo acto público y de cualquier institución del Estado que se contrae o que se ajuste a lo preceptuado en el texto, de la ley suprema o carta magna. En virtud de la controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asume las funciones de defender la Constitución, definir su sentido e impedir que los entes y órganos de autoridad establecidos en ella, rebasen su campo de acción e invadan el que se asigna a otros.

La creación, modificación o derogación del derecho corresponde al legislador, y la imagen de éste es la de una persona imparcial, neutral, precisa, justa, la idea de un “legislador racional” es la que el permite darle al ordenamiento jurídico el carácter de sistema racional.

Asimismo, Elisur Arteaga explicó que las reformas en esa materia, mejor conocidas como Ley Televisa, pueden ser combatidas por la vía de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad.

Después de haber sido aprobada la Ley Televisa por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante más de un año, fue sólo el Poder Judicial de la Federación el que cobró conciencia del gravísimo error histórico cometido por los dos poderes republicanos anteriores y detuvo el avance de dicha normatividad anticonstitucional a través de la rigurosa aplicación de la filosofía de la Constitución Mexicana sobre dicha normatividad.

Las concesiones en los medios de comunicación

El tema de las concesiones para radio y televisión ha sido fuente de conflictos cíclicos entre el gobierno y los empresarios de esa industria a la largo de prácticamente ocho décadas.

Cuando iniciaron las transmisiones radiofónicas en México, las emisoras, entonces de carácter experimental en su mayoría, operaban mediante una “autorización” o permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, cuando la radio comercial empezó a desarrollarse el gobierno introdujo la figura de “concesión” basada en el artículo 27 constitucional, la cual entró en vigencia en el año de 1931.

Cuando la radio se había consolidado como una industria sólida económicamente y los concesionarios en un gremio influyente en la sociedad y frente al gobierno, circuló entre los empresarios del ramo la idea de que las concesiones debían otorgarse “por tiempo indeterminado”; incluso un sector de radiofusores planteó la idea de que la figura de concesión debía ser sustituida por la “propiedad sobre la frecuencia en que se transmite”.

El artículo 28 constitucional señala que las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias. El artículo 25 completa la concepción del constituyente para entender la diferencia entre estratégico y prioritario. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que —según el artículo 28— establezca para su manejo eficaz. Y en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado para impulsarlas y organizarlas. El problema es que en México después de la decisión de la Suprema Corte en el 2007, sólo se han refrendado 131 concesiones de radio que se vencieron el 20 de agosto del 2007, quedando 101 concesiones sin refrendo. Algunos analistas en medios calculan que hay alrededor de 150 refrendos vencidos en la radio y aseguran que para finales del 2012 la cifra puede elevarse a 450.

Entre las propuestas de solución para resolver el problema de las concesiones y dar certidumbre jurídica a los concesionarios de radio, el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, ha propuesto la figura de “prorroga administrativa” en lugar de la de “refrendo automático”.

Monopolios en los medios de comunicación

Es preciso recordar que la legislación referida es, en primer lugar, discriminatoria y excluyente, pues tiene una clara dedicatoria para las dos principales empresas televisivas del país (Televisa y Tv Azteca) y para las grandes empresas radiofónicas más poderosas y tiende a impedir al resto de la sociedad el acceso al espectro radioeléctrico de la nación.

Desde el surgimiento de la televisión en México, en la década de los cincuenta del siglo XX, el gobierno mexicano brindó un notable apoyo a los primeros concesionarios con base en el cual se desarrollaron proyectos empresariales que paulatinamente tuvieron una expansión monopólica. En los años cincuenta surge la televisión en México con una orientación básicamente mercantil.

La condición monopólica de Televisa y Tv Azteca determina que detenten una posición dominante en el mercado de los medios de comunicación, lo que representa una falta de equidad en el sector de las telecomunicaciones. Ello ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de una reforma política integral para evitar los monopolios en los medios de comunicación, una de estas reflexiones es la del jurista Javier Corral Jurado.

El problema de los monopolios en las telecomunicaciones, además de un problema económico (sobre todo si consideramos las consecuencias de la concentración del capital), es un problema político, el de la relación del Estado con los empresarios de las telecomunicaciones, pero además es un problema jurídico desde el punto de vista del Estado como regulador de la economía.

El proceso de consolidación del monopolio en los medios de comunicación se inicia con la fusión de los empresarios de la televisión bajo una misma razón social, para administrar sus intereses, en 1955, constituyéndose así, Telesistema Mexicano. Desde 1955 y hasta la década de los setenta, Telesistema Mexicano vivió un acelerado proceso de crecimiento que la convirtió en prácticamente la única cadena de televisión de alcance nacional, con una penetración sin rival.

 La fundación de Televisa resultó ser particularmente efectiva, sobre todo en ese momento en que el Estado se introdujo en el mercado televisivo comercial. El enlace directo de las propiedades de Televisa con otros medios de comunicación aumentó la capacidad de influencia del consorcio privado sobre los procesos de formación de opinión pública. Sin embargo, la televisión comercial apoyó sobre todo una actividad más decidida como grupo de presión frente al Estado en lo referente a cuestiones relacionadas con los medios de comunicación.

En la actualidad, el problema del monopolio en las telecomunicaciones no se reduce al duopolio de Televisa y Tv Azteca, puesto que existen otros actores nacionales e internacionales deseosos de participar.

La creación de una tercera cadena de televisión y el acuerdo de convergencia (conocido como triple play) ha desarrollado a lo largo del sexenio de Felipe Calderón la llamada “guerra de televisoras”. El presidente con base en argumentos en contra de prácticas monopólicas ha impulsado una política a favor del duopolio Televisa y Tv Azteca, así como de los operadores de televisión de cable del país, los cuales han mostrado su satisfacción por la política de telecomunicaciones, además de castigo de prácticas monopólicas que ha aplicado durante su administración, y han asegurado que el Estado de derecho es la única vía para generar competencia en el sector.

El 27 de mayo del 2011 la SCT negó a Telmex el mercado de audio y televisión de paga por considerar que no ha cumplido con ofrecer interconexión en igualdad de condiciones a todos los operadores. La dependencia argumentó que decidió negar el cambio de título de concesión a Telmex y Telnor, porque no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de convergencia publicado en el DOF en octubre del 2006.

 Esta decisión de obstaculizar el ingreso de Telmex al mercado de la televisión de paga, va más allá de una cuestión de interpretación de la ley, es una decisión política. Con esta decisión de tipo político el presidente Calderón protege su relación con el duopolio televisivo y sus intereses políticos personales.

En las declaraciones del presidente Calderón se puede percibir un claro ejemplo de desprecio por el Estado de derecho, y la muestra de un autoritarismo que atenta contra el Estado democrático.

Democracia, derechos humanos y medios de comunicación

El poder de los medios ha llegado a ser tan importante que ha sido preciso plantearse donde está el contrapeso, el “contra poder”, que sirva de contrapeso para compensar su enorme influencia. La idea de un “cuarto poder” era una aproximación cuando se acuño y popularizó a principios del siglo XIX, pero en la actualidad se ha convertido en una realidad incontrovertible.

Los medios de comunicación han pasado paulatinamente de ser un bien público al dominio de empresarios que los controlan de manera monopólica, teniendo como consecuencia que el llamado cuarto poder pierda la esencia de contrapoder que tuvo en su origen, y se convierta en un engendro que bien puede denominarse un cuarto poder pero puesto al servicio ya no del bien público sino de su accionistas concesionarios y de sus operadores.

Los medios de comunicación han pasado paulatinamente de ser un bien público al dominio de empresarios que los controlan de manera monopólica, teniendo como consecuencia que el llamado cuarto poder pierda la esencia de contrapoder que tuvo en su origen, y se convierta en un engendro que bien puede denominarse un cuarto poder pero puesto al servicio ya no del bien público sino de su accionistas concesionarios y de sus operadores.

El principal objetivo de los media (aunque no el único de importancia) es vender y generar ganancias; y cuanto mayor sean éstas, mejor. Pero es esta intención, totalmente natural y legítima, la causante también de grandes desviaciones conceptuales, morales y éticas.

El derecho a la información está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde hace casi 35 años con las reformas al artículo 6o en 1977, al cual se le agregó, como es conocido, sólo diez palabras después de un punto y coma: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Pero los monopolios estaban presentes ya en la prensa, en la industria de la radio y la televisión, en su articulación orgánica entre sí, con el capital financiero y con los procesos informativos transnacionales y sus intereses.

Por otra parte, se argumenta que la democratización de los medios de comunicación plantea la necesidad de reflexionar en el derecho a la comunicación. “Este derecho debe asegurar la apertura de los medios a la sociedad civil, en lugar de convertir a sus miembros en meros entes pasivos y consumidores.

A nivel internacional la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envío el 4 de abril del 2006 una comunicación al gobierno de Vicente Fox en la que lo emplaza a informar sobre las reformas legales aprobadas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, y en la que se expresa la preocupación del organismo hemisférico ante el riesgo de que esas modificaciones resulten violatorias de los derechos humanos. El documento de la CIDH es consecuencia de las quejas presentadas por diversas organizaciones mexicanas, particularmente la sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

 En este modo de actuar está en juego la defensa de la dignidad de la persona, ser activo y pasivo en el proceso comunicativo. El problema ético de los medios de comunicación es ver si respetan los derechos humanos o si tienen simplemente una función económica que busca la máxima rentabilidad y la influencia ideológica. Por tanto, el respeto a la dignidad humana debe ser la preocupación primordial de una necesaria y posible ética de la información. En el proceso de informar participan muchos actores implicados en el derecho a la información, y todos ellos deben ser respetados en su dignidad. Por eso, es necesaria una ética de la comunicación como referencia al respeto de los derechos humanos.

conclusión:

Las telecomunicaciones es un sector estratégico que por su naturaleza queda bajo la rectoría jurídica del Estado. Sin embargo, la relación entre el Estado y los concesionarios de radio y televisión históricamente ha sido conflictiva. En sus inicios, dada su debilidad económica y política de las empresas, el Estado tuvo la capacidad de regularlas, pero cuando estas empresas vieron los beneficios que les daba la fusión monopólica, paulatinamente adquirieron una capacidad de negociación frente al Estado imponiendo un régimen jurídico de acuerdo a sus intereses. En la medida que las empresas de telecomunicaciones evolucionaron hasta convertirse en monopolios, además de poder económico obtuvieron poder político convirtiéndose en un cuarto poder (quinto poder ha sido llamado por algunos autores, que consideran como cuarto poder a la Iglesia católica).